La transición (1975-1982)
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| Suárez y la Pasionaria |
La democracia se estableció sin ruptura con la dictadura, que fue desmantelada desde las propias instituciones franquistas. El cambio fue pacífico y resultado de un pacto entre las fuerzas políticas franquistas - el rey y los aperturistas- y de la oposición democrática - los liberales y la izquierda, que abandonó sus propuestas más radicales. Los inmovilistas del franquismo (el llamado "búnker") y la extrema izquierda estuvieron en contra. Pero no hubiera podido realizarse la transición sin la movilización popular, que presionó para que se produjeran los cambios. El proceso coincidió con la crisis económica mundial del petróleo. La transición española se convirtió en modelo de referencia para otros países que querían salir de una dictadura.
EL GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO
Juan Carlos I de Borbón , fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975, al morir el dictador. Según lo establecido por la Ley Orgánica del Estado juró lealtad ante las Cortes a los Principios del Movimiento Nacional y a las leyes Fundamentales, pero en su discurso hizo un llamamiento a la concordia y dejó entrever su voluntad de una apertura democrática utilizando los cauces legales de la dictadura.
Decidió mantener a Arias Navarro como presidente del Gobierno, lo que significaba el continuismo político. Arias fue incapaz de realizar la reforma política; sólo era partidario de reformas limitadas, como el asociacionismo político, lo que pareció demasiado al "búnker". Entretanto, aumentó la agitación social con huelgas y manifestaciones que la policía franquista reprimió con brutalidad, como en Vitoria (conflicto laboral) o Montejurra (disputa entre facciones carlistas), ya que no existían aún derechos de reunión y de asociación. La oposición democrática se unificó en marzo de 1976 en Coordinación Democrática, llamada Platajunta, que buscaba la ruptura democrática. En su programa pedía amnistía general para los presos políticos del franquismo, la legalización de todos los partidos políticos (lo más difícil era la legalización del PCE) y sindicatos, libertades (sindicales, de huelga, de reunión y manifestación, de prensa) derecho a la autonomía de las nacionalidades históricas y elecciones libres.
Ante el temor a un empeoramiento de la situción el rey y sus colaboradores presionaron a Arias Navarro para que dimitiera en julio de 1976. El monarca colocó a Torcuato Fernández Miranda, su antiguo profesor de Derecho y consejero, como presidente de las Cortes franquistas y más tarde del Consejo del Reino. El rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, joven falangista que era Secretario General del Movimiento y había estado al frente de RTVE. La oposición le consideraba un político franquista, sin muchos méritos y no gustaba tampoco a los políticos franquistas más importantes.
EL GOBIERNO DE SUAREZ (1976-1977)
La primera etapa del gobierno de Suárez (julio de 1976- junio de 1977) fue decisiva para la democracia en España. Formó un gabinete con políticos jóvenes, pero de talante reformista. Concedió una amnistía parcial en julio de 1976 y realizó la Ley para la Reforma Política, ideada por Fernández Miranda y pieza clave para pasar legalmente de la dictadura a la democracia, que proponía la creación de unas nuevas unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), siendo los diputados al congreso elegidos por sufragio universal. No se cuestionaba la monarquía y se garantizaba que no se buscarían responsabilidades políticas de los miembros del régimen anterior. La ley fue aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y en referéndum el 15 de diciembre de 1976, con un 81% de los votos; la oposición recomendó la abstención ya que rechazaba la ley por insuficiente y porque aseguraba la monarquía, aunque su tesis de ruptura no contaba con respaldo mayoritario de los españoles, inclinados hacia la reforma. Se convocaron elecciones para un parlamento constituyente el 15 de junio de 1977.
El terrorismo se había recrudecido y pretendía desestabilizar el país e impedir el avance da la democracia: ETA, los GRAPO y la extrema derecha que realizó una matanza de abogados laboralistas, ligados al PCE, en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, lo que provocó una oleada de solidaridad con el PCE.
Suárez consiguió que la oposición democrática aprobara sus reformas; se entrevistó con los líderes de los aún ilegales PSOE y PCE - Felipe González y Santiago Carrillo- estableciendo una "ruptura pactada". El PSOE fue legalizado en diciembre de 1976 y el PCE el 9 de abril de 1977 lo que dio lugar a numerosas dimisiones y protestas de militares franquistas. El PCE renunció al uso de la bandera republicana y se comprometió a acatar la monarquía.
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde 1936, con un 80% de participación. Venció Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos que reunía a los reformistas franquistas con socialdemócratas, liberales y democristianos (34% de los votos) en torno a Suárez. El PSOE, obtuvo el 29%; el PCE, un 9% y AP, encabezada por Manuel Fraga, el 8%. Los nacionalismos ganaron en Cataluña (Convergencia i Unió CIU, liderada por Jordi Pujol) y País Vasco (PNV). La izquierda radical no tuvo representación y apenas el franquismo no democrático. El juego político se establecía entre dos grandes partidos, de centro-derecha y de centro-izquierda, con otros dos más pequeños en los extremos. Por otra parte, Don Juan de Borbón había cedido a su hijo Juan Carlos sus derechos a la Corona en mayo de 1977, con lo que el rey tenía ya la plena legitimidad dinástica que le faltaba.
GOBIERNO DE LA UCD (1977-1979)
Tras las elecciones de junio de 1977 se restableció la democracia y comenzó la segunda etapa (1977-1979) del gobierno de Suárez. La UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas - el llamado consenso- para solucionar los principales problemas del país, especialmente la crisis económica, la redacción de una Constitución y los atentados terroristas de extrema izquierda y extrema derecha, que tenían como objetivo desestabilizar la democracia y conseguir un golpe militar.
En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa por el Gobierno y los representantes de los principales partidos de la oposición, sindicatos y empresarios. Se alcanzaron acuerdos económicos básicos y de carácter sociopolítico: devaluar la peseta, contención salarial, reforma fiscal (Impuesto de Patrimonio e IRPF), a la vez que se garantizaban las bases para el Estado del bienestar (pensiones, seguro de desempleo...). Los Pactos de la Moncloa consiguieron reducir el déficit exterior y bajar la inflación pero su aplicación se vio limitada por la segunda crisis del petróleo (1979).
El Gobierno configuró 13 preautonomías, es decir, una autonomía provisional a las regiones cuyos representantes parlamentarios la solicitaran. El máximo responsable del proceso y su diseño fue Manuel Clavero, ministro para las Regiones. La primera autonomía fue la catalana. El 29 de septiembre de 1977 se restableció el Gobierno autonómico en Cataluña, volviendo del exilio su presidente, Joseph Tarradellas. En el País Vasco se restableció el Consejo General Vasco el 6 de enero de 1978 y en Galicia , una Xunta de Galicia provisional en marzo de 1978, quedando así resueltos los casos de las tres autonomías históricas.
La Constitución de 1978
La Constitución democrática de 1978 fue resultado del consenso entre casi todos los partidos; para lograrlo el texto es extenso, detallado y algo ambiguo. Una ponencia formada por siete miembros redactó un anteproyecto, que fue debatido en las Cortes. La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88% de votos a favor, y promulgada el 29 de diciembre. En el País Vasco hubo alto índice de abstención y los votos negativos supusieron el 23%. También fue rechazada por la extrema derecha.
La Constitución define a España como un "Estado social y democrático de Derecho", recoge no sólo la tradición liberal sino también la republicana de la constitución de 1931, que incluía los derechos individuales y los sociales. Reconoce la soberanía popular. La forma de Estado es la monarquía parlamentaria. El monarca es el jefe del Estado, pero su poder está muy limitado: reina, pero no gobierna.
Establece la división de poderes, con Cortes bicamerales -Senado y Congreso-, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal (ciudadanos mayores de 18 años). España se define como una unidad nacional, pero se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, con amplias competencias y gobiernos propios -un nuevo modelo de Estado no centralista, en una situación intermedia entre la descentralización administrativa y el federalismo-. El castellano es la lengua oficial pero son lenguas cooficiales las regionales en su ámbito territorial. El Estado es no confesional, pero establece relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Reconoce amplios derechos y libertades (a la vida -con la abolición de la pena de muerte-, a la libertad ideológica, de expresión, de reunión, de manifestación, de sindicación, a la huelga, entre otros). Incluye numerosos derechos de carácter social y económico (a la vivienda, al empleo, a la educación, a la Seguridad Social, a la propiedad privada, a la protección del medio ambiente, del consumidor, de la tercera edad, etc.)
El Titulo VIII de la Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones y no sólo las nacionalidades históricas se convirtieran en Comunidades Autónomas. En ellas habían de conformarse órganos legislativos (parlamentos autónomos) elegidos por sufragio universal y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). Se preveía la transferencia de competencias legislativas y ejecutivas a los poderes autonómicos (artículo 143 de la constitución). Se establecían dos grados de autonomía, puesto que los poderes autonómicos podían recibir competencias de diferente grado y a un ritmo distinto. El procedimiento más rápido y completo era el previsto en el artículo 151, al que podían acceder directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) e incluso otras si cumplían determinados requisitos y se ratificaba en referéndum (28F de 1980 en Andalucía). El resto se regirían por artículo 143 -con excepción de Navarra debido a su sistema foral-.
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y CRISIS DE LA UCD (1979- 1982)
Aprobada la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones para marzo de 1979, que volvió a ganar UCD, en minoría. En este periodo se desarrolló el Estado de las Autonomías, aprobándose los Estatutos de Autonomía. Los primeros fueron el catalán y el vasco en 1979, aprobados en referéndum, luego Galicia y Andalucía, en 1980 y luego todos hasta 17 Comunidades Autónomas. También se aprobó el Estatuto de los Trabajadores (1980).
Se celebraron también las primeras elecciones municipales democráticas (abril de 1979) con victoria de la izquierda, generalmente el PSOE o el PSOE-PCE, en las principales ciudades. El PSOE renunció a la ideología marxista tras un Congreso extraordinario del partido, y endureció su oposición al gobierno, mientras que el PCE sufrió una crisis debido a que Carrillo no pudo controlar las disidencias. AP se reforzó con la incorporación de políticos de UCD.
La UCD entró en crisis. El PSOE presentó una moción de censura contra el gobierno en mayo de 1980 y Suárez empezó a recibir críticas de los barones de su propio partido, escindido en dos grupos: liberales y socialdemócratas en el centro-izquierda; democristianos y conservadores, en el ala derecha. Suárez cambió varias veces su gobierno y finalmente dimitió en enero de 1981.
La UCD eligió como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo. El 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado del teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero, durante la sesión de votación en el Congreso para su investidura como nuevo presidente de gobierno. En la III Región Militar (Valencia), el general Jaime Miláns del Bochs declaró el estado de guerra y sacó los tanques a la calle. La falta de apoyo al golpe de Estado por parte de los altos mandos militares y el posicionamiento del Rey en su contra, condujeron a su fracaso .
De la etapa de Calvo Sotelo destacan la Ley del Divorcio (1981) y la entrada de España en la OTAN, con la fuerte oposición de la izquierda. El PSOE se comprometió a convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN del país cuando llegara al poder.
Calvo Sotelo no pudo detener la descomposición del partido que sufrió el abandono de personalidades hacia derecha (AP) e izquierda (PSOE). En las elecciones de octubre de 1982 ganó por mayoría absoluta el PSOE. Es el punto final de la etapa de transición democrática en España.
(Texto adaptado de http://www.selectividad.tv/historia.php)
(Texto adaptado de http://www.selectividad.tv/historia.php)
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