La Segunda República

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA: CAUSAS Y CONTEXTO GENERAL

Al final de la dictadura de Primo de Rivera, se intensificaron las posturas críticas hacia la misma y hacia la monarquía a causa de la crisis económica que afectaba a todos los sectores de la sociedad, la agitación social provocada por la oposición y la progresiva retirada de confianza de oficiales del ejército hacia el dictador. El rey Alfonso XIII, preocupado porque la opinión pública e internacional identificaba la monarquía con la dictadura, retiró su apoyo a Primo de Rivera. que dimitió en enero de 1930. Fue sustituido por un gobierno provisional, presidido por el general Dámaso Berenguer, conocido popularmente como "dictablanda". Con este gobierno, el rey pretendía volver al sistema de la Restauración, restituyendo la Constitución de 1876 y convocando elecciones, pero después de los acontecimientos vividos, el cambio de sistema político era ya inevitable.

La oposición republicana y nacionalista se movilizó rápidamente, y en agosto de 1930 estableció el Pacto de San Sebastián, un acuerdo para poner fin a la monarquía, al que se unieron los socialistas y algunos intelectuales.

También se creó un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, se preparó una huelga general (que no llegó a realizarse) y un pronunciamiento militar (que se adelantó en Jaca y el aeródromo de Cuatro Vientos, fracasando) para forzar la proclamación de la república.

En febrero de 1931, un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar, convocó unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estos comicios se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía y fueron ganados por la conjunción republicano-socialista en las capitales de provincia y principales núcleos urbanos. El 14 de abril de 1931 era proclamada la Segunda República Española y el Comité Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora, se convirtió en Gobierno provisional. Ese mismo día, el rey abandonó España camino del exilio.

En el contexto internacional, Europa vivía una crisis de las democracias, debido a la consolidación del régimen soviético y al ascenso de los fascismos, y a la difícil coyuntura económica derivada de la crisis de 1929. En este contexto se explica la instauración de la II República Española, así como su posterior fracaso.

EL NUEVO RÉGIMEN Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931

El programa de gobierno del Gobierno Provisional estaba basado en el programa del Pacto de San Sebastián (reforma agraria, libertad de cultos, amnistía...). El Gobierno Provisional convocó inmediatamente Cortes Constituyentes para redactar una nueva constitución, esas Cortes serían elegidas a través del sufragio universal de los varones mayores de 23 años. Las elecciones fueron convocadas para el día 28 de Junio y se presentaron un gran número de partidos, quedando la siguiente composición en las Cortes: 
-El PSOE fue la fuerza con más representación. Este partido se hallaba dividido entre la corriente socialdemócrata (J. Besteiro, I. Prieto) y la revolucionaria, representada por el sindicato UGT (Largo Caballero)
-El Partido Republicano Radical de Lerroux, partido de centro-derecha con un carácter oportunista, era la siguiente fuerza.
-Les seguían otras organizaciones de la izquierda republicana y nacionalista, como el Partido Radical-Socialista (M. Domingo), Acción Republicana (Azaña), Esquerra Republicana de Cataluña (Macià, Companys), o la ORGA gallega (Casares Quiroga).
-La derecha republicana (Partido Republicano Progresista de Alcalá-Zamora) y los partidos monárquicos obtuvieron escasa representación.

La Constitución de 1931
Las Cortes Constituyentes inauguraron sus sesiones el 14 de julio de 1931. Tanto en los trabajos de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto como en los debates parlamentarios, quedó de manifiesto que la nueva Constitución difícilmente sería un texto de consenso, sino que respondería al criterio de la mayoría parlamentaria, formada por socialistas y republicanos de izquierda. 

La Constitución tenía un carácter democrático y progresista: España fue definida como "una república de trabajadores de todas las clases sociales", al tiempo que se manifestaba la renuncia a la guerra como instrumento de las relaciones internacionales. El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones. 

También se establecía el principio de la soberanía popular, la forma de gobierno republicana, unas Cortes de carácter unicameral y una división de poderes muy acentuada. El poder legislativo residía en el Parlamento, con una clara preeminencia de este frente al Gobierno y al jefe del Estado y elegido cada cuatro años. El presidente de la República, elegido por los diputados y un número idéntico de compromisarios electos por los ciudadanos, tenía escasas atribuciones y un mandato de seis años. 

Se hacía una amplia declaración de derechos y libertades, y se recogía una preocupación por los temas sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo, y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza, y se instauraba la educación primaria obligatoria y gratuita. Se reconocía la facultad del Gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como una obligación social. Se establecía el derecho a voto desde los 23 años y, por primera vez, se concedía el voto a las mujeres, lo que suscitó un profundo debate. Por último, se declaraba la laicidad del Estado (separación Iglesia-Estado y eliminación del mantenimiento del culto y clero) y se reconocían el matrimonio civil y el divorcio.

EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933)

Durante esta etapa el gobierno de Manuel Azaña impulsó una serie de medidas fruto de la alianza entre la burguesía progresista y el obrerismo socialista, que pretendían modernizar España y equipararla a los países europeos más avanzados.

La reforma agraria y socio-laboral
La reforma agraria era una cuestión pendiente en España y el gobierno provisional promulgó algunos decretos para iniciarla. Finalmente, en 1932, el gobierno Azaña aprobó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de eliminar el latifundismo y crear una clase de pequeños propietarios que facilitase la modernización de la agricultura y el aprovechamiento de las tierras. 

La ley establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los Grandes de España y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios, las tierras deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadíos. Su aplicación la realizó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que entregaba las tierras a las Juntas Provinciales para que las distribuyera individual o colectivamente, según la decisión de los campesinos. 

La división de opiniones entre los partidos, la oposición de los propietarios afectados, la complejidad de la ley, la falta de presupuesto para pagar las indemnizaciones, las carencias técnicas y organizativas y el carácter burocrático del IRA se tradujeron en la ineficaz aplicación de la reforma, lo que provocó el descontento del campesinado.

En materia socio-laboral, Largo Caballero, ministro de Trabajo, dictó medidas destinadas a mejorar la situación laboral del trabajador, tanto del proletariado industrial como del campesinado. En este sentido destacan la Ley de Términos Municipales (obligaba a contratar dentro del término), la Ley de Laboreo Forzoso (obligaba a la puesta en valor de tierras desaprovechadas) y la Ley de Jurados Mixtos (creaba comités de los que formaban parte trabajadores y empresarios para solucionar los problemas laborales). Promovió seguros sociales y redujo la jornada laboral de los campesinos a 8 horas. 

La reforma religiosa
Además de las limitaciones constitucionales, se aprobaron varías leyes para reducir el poder de la Iglesia en todos los ámbitos. Se prohibieron los centros educativos de las órdenes religiosas, se disolvió la Compañía de Jesús y se confiscaron sus bienes, se aprobaron el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. En 1933 se promulgó la Ley de Congregaciones, mediante la cual el Estado regulaba y fiscalizaba sus actividades. 

La Iglesia se alineó rápidamente contra la República, con el apoyo de la oligarquía económica y de los pequeños y medianos propietarios que, bajo la bandera del catolicismo, defendían sus intereses, afectados también por otras reformas. Esto provocó la expulsión del cardenal Segura y el alejamiento del régimen republicano de los sectores católicos.

La reforma militar 

La reforma militar era necesaria para profesionalizar el ejército, además de asegurar su fidelidad a la República y reducir el excesivo número de oficiales, de los cuales muchos eran monárquicos. La Ley de Retiro de la Oficialidad de abril de 1931 permitía el retiro voluntario anticipado a los militares disconformes con el régimen, se redujeron las regiones militares y se suprimieron las capitanías generales y la Academia Militar de Zaragoza, dirigida entonces por el general Franco, considerada ineficaz y antirrepublicana. También se creó la Guardia de Asalto, se sometió la jurisdicción militar a la civil y se redujo a un año el servicio militar. Estas reformas provocaron malestar de algunos sectores del ejército, los llamados "africanistas", pero en realidad quedaron limitadas por la falta de presupuesto.

La reforma autonómica
La República fue la ocasión para que las nacionalidades históricas reclamasen una nueva organización territorial descentralizada que recogiese las aspiraciones de autogobierno pendientes desde el siglo XIX. 

En Cataluña, en abril de 1931, F. Macìa, de Esquerra Republicana, había proclamado la República catalana en un marco federal. Esto obligó al gobierno provisional a negociar con Macìa la creación de un gobierno autonómico, la Generalítat. Esta redactó el Estatuto de Núria, aprobado por un 99 % de la población catalana, que reconocía el derecho de autodeterminación y el catalán como única lengua oficial. Pero esto superaba el modelo descentralizador recogido en la Constitución y en septiembre de 1932 las Cortes aprobaron un Estatuto de Autonomía más recortado, que incluía competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y reconocía el catalán como lengua cooficial. Las elecciones al Parlamento de Cataluña dieron el triunfo a ERC, y Francesc Macìa fue elegido presidente de la Generalitat. 

En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el tradicionalismo carlista elaboraron el Estatuto de Estella en junio de 1931, basado en la recuperación de los privilegios forales y la defensa del catolicismo. El gobierno republicano lo rechazó por su conservadurismo. Además, las disensiones entre las fuerzas políticas vascas dificultaron la aprobación de un nuevo proyecto: Navarra rechazó un Estatuto con el resto de las provincias vascas y Álava sólo lo aprobó por minoría. Cuando el Estatuto se presentó por fin a las Cortes, en 1933, el nuevo gobierno derechista lo paralizó hasta que el triunfo de la izquierda permitió su aprobación en diciembre de 1936. 

El reconocimiento constitucional a la autonomía regional propició otras iniciativas en Galicia, Valencia, Aragón, Baleares y Andalucía que, frenadas por la política conservadora de los años 1934 y 1935, se relanzaron en 1936, pero se vieron coartadas por la guerra civil. 

Promoción de la enseñanza y la cultura
También intentaron reformar la educación en un país en el que más del 33 % de la población era analfabeta. Se centraron en la enseñanza primaria: se construyeron nuevas escuelas, se dotaron nuevas plazas de maestro, a los que se subió el sueldo y se aumentó su formación, y se impulsó un proyecto pedagógico innovador, con una enseñanza pública, obligatoria y gratuita, eliminando la segregación por sexos. Se crearon también las Misiones Pedagógicas, con el fin de llevar la instrucción y la cultura al mundo rural, y se crearon bibliotecas, Casas de la Cultura, Teatro Universitario, etc... Además, se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa en las escuelas. Pero, una vez más, la falta de fondos hizo difícil llevar a buen término una reforma educativa.

LA OPOSICIÓN AL PRIMER BIENIO. CRISIS FINAL

Ante el reformismo progresista del primer bienio, las fuerzas conservadoras recurrieron al tradicional método de la insurrección militar. El general Sanjurjo intentó un golpe de estado militar en Sevilla agosto de 1932. La "Sanjurjada", mal preparada y con desigual apoyo en el ejército, fracasó.

Pese al fracaso de Sanjurjo, el gobierno republicano-socialista daba muestras de claro desgaste. En medio de un clima de crisis económica, y ante los escasos resultados de las reformas, CNT y UGT propiciaron un clima de agitación social. Los enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil fueron frecuentes y a menudo violentos (Castilblanco, Arnedo1931). En ese contexto, se produjeron los graves incidentes de Casas Viejas (Cádiz), en los que la Guardia de Asalto sitió y mató a un grupo de campesinos anarquistas. El escándalo consiguiente y la difícil colaboración entre socialistas y reublicanos llevó al gobierno a la decisión de convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933.

Para estas elecciones, la derecha se había reorganizado, mientras la izquierda se presentó fragmentada en múltiples grupos y los anarquistas promovieron la abstención.. Tres nuevos grupos se presentaron a los comicios:
• La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por Gil Robles, grupo mayoritario auspiciado por la Iglesia Católica y los terratenientes.
Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, en la que se agruparon los monárquicos.
Falange Española, la versión española del fascismo, dirigida por Jose Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador.

Las elecciones dieron la victoria de los grupos conservadores: la CEDA y el Partido Republicano Radical de Lerroux.

BIENIO CONSERVADOR

Ante la negativa de entregar el gobierno a la CEDA por parte de Alcalá Zamora, será Lerroux el que asuma la jefatura. Este periodo se caracterizará por la paralización de las reformas anteriores: vuelta de los privilegios de la iglesia, paralización de la reforma agraria, amnistía para los militares golpistas y paralización de los proyectos autonómicos, con un claro enfrentamiento con el gobierno catalán.

La tensión llegó a su momento culmen con la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934, que fue interpretada por la izquierda como el anuncio del triunfo inminente del fascismo en nuestro país como había pasado en Italia y Alemania. La izquierda se radicalizó: PSOE (con gran peso del ala “caballerista”) y UGT, CNT, PCE, llamaron a la huelga general contra el gobierno. Estos sucesos son conocidos como la Revolución de Octubre. El seguimiento en las distintas regiones fue muy desigual:

El movimiento fracasó en Madrid. El gobierno acuarteló a las tropas y detuvo a los principales dirigentes socialistas y comunistas.

En Barcelona, Companys, desde la presidencia de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal. La revuelta fue rápidamente reprimida por del Ejército, ya que la huelga general fracasó por falta de apoyo de la CNT.

Lo peor ocurrió en Asturias. Aquí la huelga general triunfó y se convirtió en una verdadera revolución organizada por la UGT y la CNT, integrados en la Alianza Obrera, a la que también se unieron los comunistas. Durante varios días ocuparon ayuntamientos y fábricas y atacaron cuarteles de la Guardia Civil e Iglesias. La persistencia de la insurrección llevó al gobierno a optar por la represión más brutal. La Legión, por sugerencia del general Franco, acabó con la insurrección. El balance de la Revolución de Octubre de 1934 fue aterrador: más de mil trescientos muertos (más de 1000 revolucionarios), el doble de heridos, treinta mil detenidos, entre ellos Companys, Azaña, que no había apoyado el levantamiento, y los principales dirigentes del PSOE como Prieto o Largo Caballero.

Tras estos sucesos la actitud del gobierno se hizo más reaccionaria, pero tuvo que enfrentarse a graves crisis debidas a los escándalos de miembros del partido radical, como el caso del estraperlo (la concesión de permisos de un juego de ruleta trucado a cambio de beneficios) o el escándalo Nombela (malversación de fondos) que hicieron dimitir a Lerroux. Ante esta situación, Alcalá Zamora nombró jefe de gobierno al centrista Portela Valladares para que convocara elecciones para febrero de 1936.

EL FRENTE POPULAR

Los republicanos de centro e izquierda, los socialistas, los comunistas y los disidentes del POUM acudieron a las elecciones unidos en una coalición denominada Frente Popular, siguiendo el modelo propuesto por los partidos comunistas de la III Internacional para hacer frente al auge de los fascismos. En su programa figuraban la vuelta a las reformas y la amnistía a los represaliados de 1934. La CNT, con muchos presos en la cárcel, apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas. Sin embargo la derecha no pudo conformar un único bloque y se presentó con varios partidos: el Bloque Nacional, con Renovación Española y los tradicionalista; la CEDA, y Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de J. A. Primo de Rivera y Onésimo Redondo.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. Mientras, la derecha triunfó en el norte y el interior del país. Tras las elecciones, el gobierno se formó con miembros de los partidos republicanos de izquierdas, y sin participación de los socialistas. Alcalá Zamorá fue destituido (había disuelto dos veces las cortes), siendo presidente de la República Manuel Azaña (Izquierda Republicana) y jefe de Gobierno Casares Quiroga (ORGA).

El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista:
• Amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934.
• Restablecimiento del Estatuto catalán.
• Alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo.Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares.
• Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
• Tramitación de nuevos estatutos de autonomía.

Mientras, el ambiente social era cada vez más tenso. UGT y CNT impulsaron la estrategia revolucionaria, la derecha buscaba de forma evidente el fin del sistema democrático, con claros mensajes de Calvo Sotelo y de Primo de Rivera. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas.

Mientras la conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba a través de la Unión Militar Española, con generales como Franco, Goded, Fanjul, Varela... Emilio Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el "director" del golpe. Muy pronto se iniciaron los contactoscon Mussolini y Hitler.

El 12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto, teniente Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el asesinato de José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento era inevitable. El gobierno de Casares Quiroga, que no había decidido tomar medidas pese a las continuas advertencias de las organizaciones obreras, vio como el 17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra el gobierno de la República. El triunfo parcial del golpe desencadenó la guerra civil.

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