El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano
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CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868
A partir de 1860, la crisis económica y la crisis política se aunaron para poner fin a la etapa de prosperidad económica y provocar una inestable situación política:
· Una crisis financiera puso en evidencia que las inversiones ferroviarias no eran rentables. Una Vez finalizado el periodo de construcción intensiva, el escaso volumen de tráfico puso al descubierto que los ferrocarriles producían unos rendimientos muy escasos. En consecuencia, el valor de las acciones ferroviarias en la Bolsa cayó espectacularmente, arrastrando a las cotizaciones de la deuda pública y de otras entidades financieras.
· Una crisis industrial provocada por el encarecimiento del precio del algodón en rama a raíz de la guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865), que había interrumpido las exportaciones de algodón. Muchas pequeñas industrias textiles no pudieron afrontar el alza de precios en un momento en el que la demanda era escasa. Algunas industrias quebraron, el paro aumentó y el nivel de vida de las clases trabajadoras descendió aún más.
· Una crisis de subsistencias provocada por una sucesión de malas cosechas derivó en una escasez de trigo y un aumento de su precio, cuando ese producto era el alimento básico de la población.
Gran parte de la población tenía motivos para oponerse al sistema isabelino. Los grandes negociantes reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus inversiones en Bolsa; los industriales reclamaban medidas proteccionistas; los obreros y campesinos, debido a su miseria, protagonizaron motines y conflictos populares.
El deterioro político se hizo evidente cuando el Partido Moderado, en el poder, hizo oídos sordos a los problemas del país y solo reaccionó reprimiendo las protestas, cerrando las Cortes y gobernando por decreto. La iniciativa conjunta de la oposición formada por progresistas, demócratas y finalmente también la Unión Liberal, se materializó en el Pacto de Ostende y desembocó en un levantamiento no solo contra el gobierno sino también contra la propia monarquía.
LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y EL GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1870)
En septiembre de 1868 se produjo un pronunciamiento protagonizado por el ejército, que se convertía otra vez en instrumento del cambio político. Los generales Serrano, Prim y Dulce y el almirante Topete iniciaron la revuelta, que rápidamente se extendió por el país con el levantamiento de los sectores populares, formándose juntas revolucionarias que impulsaron la Milicia Nacional y demandaron reformas como el sufragio universal, educación gratuita, fin de los consumo y quintas... Esta revolución, conocida con el nombre de La Gloriosa, fue un intento de la burguesía y de buena parte del pueblo de instaurar un sistema democrático. Tras la derrota de sus tropas, la reina se exilió a Francia.
Se estableció un gobierno provisional, presidido por el general Serrano e integrado por unionistas y progresistas, que disolvió las juntas y convocó elecciones mediante sufragio universal masculino para enero de 1869. Las Cortes resultantes tenían mayoría de progresistas, unionistas y demócratas monárquicos, pero con gran presencia de republicanos, además de carlistas y algunos isabelinos. Las revolución de 1868 asumió los principios fundamentales de la democracia, como la libertad de imprenta, enseñanza y de culto, el sufragio universal masculino, la abolición de la pena de muerte y de la esclavitud y el reconocimiento de la libertad de asociación (que permitió la fundación de la Sección Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT)). Estos principios se plasmarían en la Constitución de 1869, que establecía la soberanía nacional y hacía de España una monarquía constitucional y fijaba claramente la división de poderes: el poder legislativo residía en las Cortes bicamerales (congreso y Senado), el ejecutivo en el rey, pero ejercido por los ministros, y el judicial en los tribunales. Además se reconocieron los derechos de los ciudadanos de manifestación, reunión, asociación, libertad de enseñanza... El Estado era aconfesional, pero se comprometía al mantenimiento del culto y el clero católico.
Aprobada la Constitución y estabilizada la situación política, Serrano quedaba como regente, en ausencia de un rey, y Prim, jefe del gobierno. Este gobierno realizó medidas como la reducción de aranceles (arancel Figuerola, 1869), un ensayo de reforma fiscal que introducía la contribución directa frente a los consumos, la creación de la unida monetaria (peseta), desamortizaciones (subsuelo) y una Ley de Minas que ponía a la venta los yacimientos. Otros problemas urgentes, fueron la búsqueda de un candidato para el trono, la solución a la insurrección independentista que se había iniciado en 1868 en Cuba, y acuciantes problemas de orden público, ya que se iniciaron importantes sublevaciones promovidas por los sectores demócratas y republicanos, desengañados por la falta de soluciones a cuestiones sociales como los consumos (que no se quitaron), las quintas, condiciones laborales… y por la decisión del gobierno de defender el régimen monárquico.
EL REINADO DE AMADEO I
El problema de quién debía ocupar el trono de España se convirtió en una cuestión internacional que retrasó aún más el período de provisionalidad del gobierno y permitió que, a pesar de los esfuerzos de Prim, la oposición de republicanos y carlistas fuera creciendo.
El candidato considerado idóneo fue el hijo de Víctor Manuel II rey de Italia, Amadeo de Saboya. En principio, cumplía todos los requisitos: pertenecía una casa real con tradición liberal, era católico y su elección no inquietaba ni a Francia ni a Prusia, las dos potencias continentales europeas que se encontraban enfrentadas. Las Cortes le nombraron rey el 16 de noviembre de 1870 por un escaso margen de votos, 191 contra 120. Prim, el principal apoyo y protección del nuevo rey, fue asesinado, en circunstancias que no llegaron a aclararse, tres días antes de la llegada de Amadeo I.
El rey juró la Constitución y, desde el primer momento, se mostró dispuesto a cumplir escrupulosamente con el papel de rey constitucional. Pero la división entre las fuerzas políticas hizo imposible mantener la estabilidad. En el gobierno se sucedieron los progresistas de Práxedes Mateo Sagasta, los radicales de Manuel Ruiz Zorrilla (escisión de los progresistas) y los viejos unionistas encabezados por Francisco Serrano, partidos todos ellos que contaban con escaso apoyo real entre los electores. Las elecciones continuaron siendo fraudulentas y la abstención llegó al 50 %. En dos años hubo seis gobiernos y hubo que convocar tres elecciones.
En este contexto, los republicanos, los carlistas y los conservadores (Cánovas del Castillo), partidarios de una restauración borbónica en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, ganaron adeptos. En abril de 1872, el pretendiente Carlos VII, entró en España y se produjo un nuevo levantamiento carlista en las provincias vascas y en Navarra. Aunque fueron derrotados, algunas partidas siguieron actuando en Cataluña y el Maestrazgo y, después de su reorganización, en el País Vasco y Navarra hasta 1876. Además, la insurrección de Cuba iniciada en 1868 se había convertido en una autentica guerra colonial (Guerra de los Diez Años), ya que aunque se intentaron introducir algunas reformas contaron con la oposición de los españoles con intereses en Cuba, que presionaban para pedir una mayor acción militar.
Los republicanos también impulsaron insurrecciones reivindicando la República Federal, las cuales contaron con el apoyo de los sectores populares (obreros y campesinos), descontentos por la falta de reformas sociales e influenciados por las nuevas ideas del internacionalismo (anarquismo y socialismo).
Los republicanos también impulsaron insurrecciones reivindicando la República Federal, las cuales contaron con el apoyo de los sectores populares (obreros y campesinos), descontentos por la falta de reformas sociales e influenciados por las nuevas ideas del internacionalismo (anarquismo y socialismo).
El 11 de febrero de 1873 Amadeo I, decepcionado ante las revueltas y la falta de acuerdo, y tras rechazar la propuesta del ejército de desobedecer al gobierno, abdicó. Ese mismo día las Cortes, sin ninguna otra alternativa clara, proclamaron la República por 258 votos contra 32.
LA I REPÚBLICA (1873-1874)
A lo largo de sus once meses de vida, la Primera República intentó, sin éxito, consolidar el sistema democrático iniciado en 1868. Pero, desde el primer momento, el nuevo régimen se vio obligado a enfrentarse a graves problemas que provocaron su inestabilidad y su fracaso, como la división interna entre los republicanos unitarios y los federalistas, la guerra carlista, la de Cuba o el cantonalismo.
A esos problemas hay que añadir la falta de auténticos republicanos entre la clase política y el escaso apoyo del electorado. Fue la búsqueda desesperada de una salida dentro del orden a la crisis provocada por la renuncia de Amadeo I al trono lo que forzó la proclamación de la República, y no el hecho de que el sentimiento republicano fuera mayoritario en el país, ya que la mayoría parlamentaria se consiguió debido al retraimiento de los partidos no republicanos y a la abstención. No obstante, las clases populares vieron en el nuevo régimen la posibilidad de solucionar todos sus problemas sociales y organizaron juntas revolucionarias con el fin de eliminar los ayuntamientos monárquicos.
La división interna entre los republicanos fue otra fuente importante de problemas. Los federalistas moderados o benévolos eran partidarios de aplicar el programa republicano de manera progresiva y haciendo concesiones a los grupos conservadores para que fueran aceptando la República paulatinamente. Los más radicales o intransigentes reclamaban una acción rápida utilizando la subversión si era necesario.
La República federal y el cantonalismo
En febrero fue elegido presidente Estanislao Figueras, republicano federalista. Se convocaron elecciones, celebradas en mayo, y los federalistas obtuvieron amplia mayoría, aunque esta era engañosa debida a la abstención. Francisco Pi i Margall fue nombrado nuevo presidente y las Cortes elaboraron rápidamente un proyecto de Constitución que recogía la estructura federal del Estado, pero que no llegó a aprobarse. Organizaba el territorio de España en 17 Estados federales, uno de los cuales era Cuba, con el objetivo de resolver así el problema colonial.
El intento de imponer desde arriba la nueva estructura federal fracasó y el cantonalismo se extendió con gran rapidez por todo el país. Según los federalistas intransigentes, los cantones, territorios que se proclamaban Estados independientes dentro de la República Federal, debían convertirse en las unidades políticas inferiores a partir de las cuales se debería formar la federación española desde abajo. Muchos intelectuales, políticos de provincias, estudiantes, artesanos, asalariados y campesinos se sumaron a los movimientos cantonalistas, con influencia también de las recién llegadas ideas de la Internacional.
Alcoy y Cartagena fueron las primeras ciudades que se proclamaron cantones y la lentitud del ejército, que se hallaba ocupado combatiendo a los carlistas, permitió que rápidamente se proclamaran muchos otros municipios en Andalucía (Sanlúcar, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada…) y en la zona levantina. Numerosas ciudades formaron milicias que se sublevaron y sumieron al país en una situación caótica. En muchos casos, como en el de Alcoy, fue evidente que el federalismo radical intentaba ser aprovechado por las clases más desfavorecidas para conseguir sus reivindicaciones sociales por la vía revolucionaria. En el movimiento confluyeron por tanto los intransigentes, el internacionalismo, y las aspiraciones de mejora de las clases populares.
Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall, que no quiso reprimir por la fuerza la revuelta. Fue sustituido, a mediados de julio, por Nicolás Salmerón. Este, republicano unitario, contó con el apoyo de los generales más prestigiosos para acabar con el movimiento cantonalista. El protagonismo de los jefes militares, cada vez más conservadores y poco afines al republicanismo, siguió en los meses siguientes y encauzó el final del régimen hacia la restauración de la monarquía.
Salmerón, que no quiso firmar el restablecimiento de la pena de muerte, dimitió y fue sustituido, a principios de septiembre, por Emilio Castelar, republicano unitario, quien declaró el federalismo fuera de la ley, suspendió durante tres meses las Cortes y reforzó el poder militar que luchaba contra el cantón de Cartagena y los carlistas. Éstos habían llegado a establecer un pequeño Estado con capital en Estella y dominaban núcleos importantes en Cataluña (Berga, Ripoll…); además, habían aparecido partidas carlistas en muchas otras zonas, como Murcia, Extremadura y ambas Castillas.
Las Cortes se reabrieron a principios de 1874 y retiraron el apoyo a Castelar. Todo hacía prever que el gobierno volvería a manos de los federalistas. Ni el ejército ni las clases más conservadoras estaban dispuestos a aceptar un nuevo cambio en el gobierno y el general Manuel Pavía protagonizó, el 3 de enero, un golpe de Estado. De esta forma se puso fin al régimen republicano, aunque oficialmente España siguió siendo una república hasta final de año.
El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional apoyado por unionistas y progresistas, que tuvo entre sus objetivos inmediatos restablecer el orden público, ilegalizando el federalismo y la Internacional; controlar a los carlistas, y seguir con la guerra de Cuba. Pero la mayoría de monárquicos había optado de nuevo por el retorno de los Borbones, y el general Arsenio Martínez Campos se sublevó en Sagunto el 29 de diciembre de 1874 y Alfonso XII fue proclamado rey, puesto que Isabel II ya había abdicado en favor de su hijo.
El general Serrano se exilió y Antonio Cánovas del Castillo, que había estado preparando desde hacía tiempo el regreso de la monarquía, fue nombrado presidente del Ministerio de Regencia mientras el nuevo rey llegaba a España, iniciándose el nuevo régimen de la Restauración.
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