La crisis del régimen de la Restauración II: La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
LA QUIEBRA DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y EL GOLPE DE ESTADO
El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado y suspendió las garantías constitucionales. Las causas que provocaron el golpe de Estado fueron internas: la crisis económica y social, que incrementó la conflictividad obrera; el reforzamiento del catalanismo de corte republicano frente al catalanismo más conservador; el descrédito del sistema parlamentario, que había pasado por graves crisis de gobierno desde 1917, pero había continuado su funcionamiento reprimiendo a la oposición y continuando con el fraude electoral y el caciquismo; inexistencia de una oposición política eficaz ... La situación empeoró a causa del desastre de Annual (Marruecos 1921), cuya responsabilidad alcanzó al propio monarca. Además hay que tener en cuenta que el gobierno liberal de García Prieto estaba tomando medidas que conducían a una mayor democratización del sistema, la reducción del poder de la Iglesia y la monarquía, y un nuevo marco en las relaciones laborales, reformas que perturbaba a las élites tradicionales y al ejército.
El golpe fue aprobado por el rey Alfonso XIII, encontró una tímida oposición, y fue apoyado por los sectores sociales conservadores, especialmente la burguesía industrial, que deseaba la paz social para aprovechar el clima de auge económico de los años veinte. Así pues, el ejército instauró una dictadura militar.
Algunos de los ideólogos del nuevo régimen exaltaron el fascismo italiano de Mussolini, que había subido al poder en 1922, e intentaron imitar algunos aspectos, como la creación de instituciones corporativas. Pero la dictadura no fue un régimen fascista: Primo de Rivera no accedió al poder con un partido de masas con credo doctrinal y un programa concretos, sino que estableció una dictadura militar autoritaria, fuertemente condicionada por la personalidad del dictador.
EL DIRECTORIO MILITAR (1923-1925)
En una primera etapa, considerada provisional, Primo de Rivera asumió todos los poderes al frente de un Directorio militar que dejó en suspenso la Constitución declarando el estado de guerra, disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos y censuró la prensa. Para acabar con el caciquismo disolvió las diputaciones, mientras que los gobiernos civiles provinciales fueron cedidos a los militares y los ayuntamientos eran sustituidos por juntas de vocales nombradas por el gobierno.
Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas contra los sectores más radicales del movimiento obrero, sobre todo la CNT y comunistas. Para ello, se organizó una milicia especial de defensa inspirada en el somatén catalán. Además, se practicó una dura política contra los nacionalismos periféricos, que fue especialmente anticatalanista. Así pues, a pesar de la actitud benevolente de la burguesía catalana con el golpe militar, se suprimió la Mancomunitat y se prohibió el uso público del catalán y sus símbolos.
El problema marroquí se resolvió favorablemente gracias a la ofensiva conjunta hispano-francesa. El éxito del desembarco en la bahía de Alhucemas (1925) significó la rendición de Abd-el-Krim y la ocupación del territorio rifeño (1927). Además, ello potenció la influencia del sector «africanista» dentro del ejército.
EL DIRECTORIO CIVIL (1925-1930)
La victoria en Marruecos afianzó el poder personal de Primo de Rivera, que, además, consiguió cierta popularidad al restablecer la paz social. Ante lo favorable de la situación, intentó institucionalizar la dictadura sustituyendo el directorio militar por un directorio civil.
El Directorio civil se constituyó en 1925, como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado exclusivamente por militares y por miembros de la Unión Patriótica, único partido creado en 1924 para dar apoyo social al régimen (militares, funcionarios, grandes propietarios...), pero sin programa ideológico. En esta etapa se desarrolló una política social y económica intervencionista, que logró un aparente éxito respaldado, en parte, por la favorable situación económica internacional. Esta favorable coyuntura económica mantuvo al régimen hasta 1930.
Para dar respaldo al partido único y auxiliar a la policía y el ejército en el mantenimiento del orden público se utilizó el cuerpo de voluntarios del Somatén Nacional.
En 1927 se creo una Asamblea Nacional Consultiva, organismo de tipo corporativista formado por miembros de distintas corporaciones elegidos por sufragio indirecto, funcionarios y representantes sociales (universidad, obreros, patronal...). Dos tercios de sus 400 miembros eran designados por el gobierno. Proyectó en 1929 un Estatuto Fundamental de la Monarquía que sustituiría a la Constitución, con la idea de institucionalizar el régimen autoritario, pero su mala acogida por la opinión pública hizo que no se aprobara.
POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica del Estado fue intervencionista, fomentando las obras públicas y creando grandes monopolios estatales. Además, se practicó el proteccionismo y para favorecer a los empresarios españoles.
Se mejoró la red de carreteras y de ferrocarril y se crearon Confederaciones Hidrográficas (1926) para potenciar el regadío y la electrificación. El aumento de las obras públicas favoreció a algunos sectores de la industria pesada (siderometalúrgica, cementos...) que, en el caso de que no fueran rentables, eran financiados con capital público. Se crearon monopolios que se beneficiaron de la política proteccionista. Cabe destacar la cesión del monopolio telefónico a una empresa norteamericana que creó la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924, y la creación de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) en 1927, que, con capital del Estado y de la banca privada española, obtuvo el monopolio de la importación, distribución y venta de petróleos y derivados. También se crearon bancos públicos (Banco Exterior, Banco de Crédito Local).
Esta política fue espectacular a corto plazo, pero a largo plazo supuso un enorme gasto público y que desequilibró la Hacienda del Estado.
La ausencia de reformas estructurales en la propiedad agrícola mantuvo el campo español en su atraso secular. No se modernizaron tampoco las técnicas, por lo que las cosechas no eran rentables y el campesinado, con unas míseras condiciones de vida, continuó teniendo un bajo poder adquisitivo. Esta situación mantuvo el débil mercado interior heredado del siglo XIX, lo que dificultó la expansión industrial.
POLÍTICA SOCIAL
La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos más radicales (la CNT fue ilegalizada, pero no la UGT, que había adoptado una actitud pasiva ante el golpe militar) y por un cierto reformismo social de carácter paternalista, que introdujo algunas mejoras sociales: seguro de maternidad (1929), viviendas protegidas, enseñanza profesional…
Para evitar la conflictividad social y el movimiento obrero, el Estado creó en 1926 la Organización Corporativa Nacional, a semejanza de corporativismo fascista italiano, que integraba a obreros y patronos en comités paritarios, agrupados por oficios y profesiones, a nivel local, provincial y nacional. Su objetivo era regular las condiciones laborales, controlar el movimiento sindical y evitar la conflictividad social.
LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN
Con la ilegalización de los partidos políticos, las primeras voces que se alzaron contra la dictadura provinieron de los intelectuales, muchos de los cuales se habían exiliado o habían sido desterrados por su crítica a la ausencia de derechos y libertades. Éste fue el caso de Miguel de Unamuno o Vicente Blasco Ibáñez.
La oposición a la dictadura fue creciendo progresivamente y, desde 1925, alcanzó a todos los sectores políticos:
· La actitud del socialismo osciló entre los partidarios de aprovechar la tolerancia que el régimen les ofrecía para influir en la política social y los que se oponían radicalmente. La UGT participó en los comités paritarios para conseguir mejoras laborales y extender su influencia en las empresas .
· El anarquismo, con la CNT prácticamente desarticulada, sufrió la escisión de su sector más radical que creó la Federación Anarquista Ibérica (FAI), grupo partidario de la insurrección y la violencia.
· El catalanismo se radicalizó y se decantó hacia la izquierda como, respuesta a la represión. Protagonizó algunas acciones de gran impacto internacional, como el intento de incursión armada (desde Prats de Molló Francia, 1926) protagonizado por Francesc Macià al frente del partido independentista Estat Català.
· Los republicanos, aunque seguían divididos, fundaron la Alianza Republicana (1926) y, junto con el socialismo, se perfilaron como la única opción verdaderamente renovadora, a la que se adhirieron el mundo académico e intelectual (Ortega y Gasset, Marañón…) y algunos sectores del ejército, que incluso llevaron a cabo un intento de golpe de Estado, la denominada sanjuanada, en 1926. Los republicanos aglutinaron el movimiento opositor, que desde 1929 se extendió también a los sectores empresariales.
. La universidad también se unió a la oposición, con organizaciones como la Federación Universitaria Escolar (FUE), y con tendencias cada vez más orientadas hacia el republicanismo
EL FINAL DE LA DICTADURA
A partir de 1928, se intensificaron las críticas a la dictadura a causa de la crisis económica que afectaba a todos los sectores de la sociedad (aumento del paro, endeudamiento del Estado, devaluación de la peseta …), de la agitación social provocada por las acciones de protesta de la universidad y de la progresiva retirada de confianza de oficiales del ejército hacia el dictador.
En este clima de malestar y creciente oposición al régimen, el rey Alfonso XIII, preocupado porque la opinión pública e internacional identificaba la monarquía con la dictadura, retiró su apoyo a Primo de Rivera. Finalmente, el dictador dimitió el 28 de enero de 1930. Fue sustituido por un gobierno provisional, presidido por el general Dámaso Berenguer, conocido popularmente como dictablanda. Con este gobierno, el rey pretendía volver al sistema de la Restauración, restituyendo la Constitución de 1876 y convocando elecciones, pero después de los acontecimientos vividos, el cambio de sistema político era ya inevitable.
La oposición republicana y nacionalista se movilizó rápidamente, y en agosto de 1930 estableció el Pacto de San Sebastián, un acuerdo para poner fin a la monarquía, al que se unieron los socialistas y algunos intelectuales.
También se creó un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, se preparó una huelga general (que no llegó a realizarse) y un pronunciamiento militar (que se adelantó en Jaca y el aeródromo de Cuatro Vientos) para forzar la proclamación de la república, que acabó fracasando.
En febrero de 1931, el almirante Aznar formó un nuevo gobierno. Como parte de la estrategia para volver al sistema parlamentario y constitucional, se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estos comicios se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía y fueron ganados por las candidaturas republicanas. El 14 de abril de 1931 era proclamada la Segunda República Española y el Comité Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora, se convirtió en Gobierno provisional. Ese mismo día, el rey abandonó España camino del exilio.
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