Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal.

Fuente: http://1898.mforos.com. Expedición de Gómez: 1836. Expedición “Real”: 1837 (Errata: no se trata de “Carlos VI”, sino Carlos V).
EL PROBLEMA SUCESORIO Y LA GUERRA CARLISTA (1833-1840)
Cuando Fernando VII consiguió tener descendencia en 1830 se planteó un problema dinástico al tratarse de una niña, Isabel, hija de M. Cristina de Borbón. En España los Borbones habían implantado la Ley Sálica, que establecía que las mujeres no podían acceder al trono, por lo que los absolutistas suponían que la corona recaería en el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Pero el rey aprobó una pragmática sanción por la que las mujeres podrían reinar. Esto conllevó el enfrentamiento entre dos posturas:
-El carlismo: partidarios de Don Carlos y de la monarquía absoluta, la preminencia de la Iglesia, el mantenimiento del Antiguo Régimen y la conservación del sistema foral (País Vasco y Navarra aún tenían sus fueros o leyes y fiscalidad y aduanas propias). Su apoyo social eran una buena parte del clero, la pequeña nobleza agraria, y una amplia base social campesina, que veían en el liberalismo una amenaza a sus privilegios y tradiciones. Territorialmente se extendió por zonas rurales del P. Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia.
-Los “isabelinos”: contaban con el apoyo de la alta nobleza, los funcionarios y un sector de la jerarquía católica. Para ampliar estos apoyos, la regente M. Cristina buscó la adhesión de los sectores liberales, la burguesía y las clases populares urbanas. Estos exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.
Internacionalmente los absolutistas obtuvieron apoyo de potencias como Austria, Rusia o Prusia, mientras Francia o Reino Unido, con regímenes parlamentarios, apoyaron la a causa isabelina.
Se inició así una guerra civil (1833-1840) al producirse levantamientos carlistas en las zonas mencionadas. A pesar de contar con importantes generales como Zumalacárregui (en el N) o Cabrera (en el Maestrazgo), controlar extensos territorios y realizar importantes expediciones, los carlistas no pudieron tomar Bilbao (donde además murió Zumalacárregui 1835), ni extender el conflicto hacia el sur (expedición de M. Gómez) o hacer caer el gobierno de Madrid (1837). A partir de 1837 la iniciativa corresponderá a los Isabelinos dirigidos por el general Espartero. Los carlistas se dividieron entre los partidarios de seguir la guerra (intransigentes) y los de alcanzar un acuerdo con los liberales (transaccionistas). El jefe de estos últimos, el general Maroto, firmó con Espartero en 1839 el Convenio de Vergara, por el que se mantenían los fueros Vasco-Navarros y se integraba el ejército carlista en el real. Los intransigentes continuaron la lucha durante un tiempo (derrota del general Cabrera en 1840) o partieron al exilio. El balance de la guerra fue muy negativo para la economía: déficit, destrozos en agricultura, industria y transporte. Y también para la población, con más de 100.000 víctimas, además de condicionar la vida política, impulsando medidas como las desamortizaciones. El papel de los militares se hizo cada vez más importante, convirtiéndose en líderes de las distintas tendencias políticas.

LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO LIBERAL DURANTE LAS REGENCIAS DE MARIA CRISTINA Y ESPARTERO (1833-1843)

-Regencia de María Cristina (33-40)

A la muerte de Fernando VII el poder quedó en manos de la regente M. Cristina, asesorada por un consejo de Gobierno compuesto por absolutistas moderados, que como únicas reformas realizó una amnistía a los liberales y una nueva división provincial (Javier de Burgos). La extensión de la insurrección carlista convenció a los asesores y militares que rodeaban a la regente de que tenía que conseguir el apoyo de los liberales, así que se llamó a formar gobierno al liberal moderado Martínez de la Rosa, que promulgó el Estatuto Real: este se trataba de un documento con apariencia de Constitución, pero que era más bien una carta otorgada, ya que se creó por voluntad de la regente y su gobierno, no por diputados elegidos. Las reformas, como la creación de unas cortes estamentales y bicamerales, eran insuficientes y provocaron la división entre los liberales, separándose en moderados (doceañistas) y progresistas (exaltados).

-Los moderados eran partidarios de la autoridad y el orden, y de que el poder quedara en una minoría. Defendían la soberanía compartida entre las cortes y la corona, y eran apoyados por la corona, terratenientes, antigua nobleza, alta burguesía, alto clero y altos mandos del ejército.
-Los progresistas eran partidarios de la soberanía nacional, representada por las Cortes, y las libertades individuales y colectivas (de prensa, de reunión, de religión...), limitar el poder de la Iglesia, ampliar el sufragio y realizar una reforma agraria. Eran apoyados por la mediana y pequeña burguesía, oficiales de graduación media, y clases populares urbanas (comerciantes, artesanos, profesionales liberales). Como fuerza contaban con el dominio de la Milicia Nacional y las Juntas revolucionarias.

Debido al descontento social por el gobierno de los moderados y las malas condiciones de vida durante la guerra carlista (hambre, epidemias, ataques), se iniciaron una serie de revueltas urbanas, con asaltos y quemas de conventos en el verano de 1835, en las que se crearon juntas que demandaban más reformas y una leva (reclutamiento) para acabar con el carlismo. Ante esto, María Cristina llamó al gobierno a Mendizábal (liberal progresista), que decretó como medida el el reclutamiento de 100.000 hombres y la desamortización de los bienes del clero. Esto fue visto por la reina regente como excesivamente radical,  por lo que fue destituido en 1836. Entonces estallaron de nuevo las revueltas, y un levantamiento de los sargentos del Palacio de la Granja forzó a M. Cristina a restablecer la constitución de Cádiz y entregar el poder de nuevo a los progresistas.
Los progresistas asumieron la tarea de desmantelar el Antiguo Régimen e implantar el sistema liberal, con una monarquía constitucional y parlamentaria. Además iniciaron la reforma agraria liberal, que consagraba la propiedad privada y la libre disponibilidad de la tierra. Para ello se disolvió el régimen señorial, se desvincularon los mayorazgos, y se desamortizaron las propiedades del clero regular que no se dedicara a la enseñanza o a la asistencia hospitalaria, expropiándolas el Estado y luego subastándolas. Se pretendía reducir el grave déficit del Estado, financiar la guerra contra los carlistas, fomentar la producción agrícola y obtener una base social que apoyara firmemente al liberalismo. Además se liberalizó la economía, eliminando los gremios y las aduanas internas, así como los diezmos.

La Constitución de 1812 se sustituyó por la Constitución de 1837, aprobada por unas cortes extraordinarias. El nuevo texto constitucional tuvo las siguientes características, propias de un liberalismo censitario, pero con aspectos progresistas:
  • Se establecía el principio de la soberanía nacional.
  • El Estado se organizaba siguiendo la división de poderes:
    • Legislativo: Cortes bicamerales, formadas por Congreso de los Diputados y Senado. Este último nombrado por el rey.
    • Poder ejecutivo: el Rey, que nombraba a los ministros. Tenía Iniciativa legislativa, derecho de veto, derecho a disolver las Cortes.
  • Se recogían diferentes derechos individuales y libertad de imprenta, regulados por leyes posteriores.
  • No se prohibían otras religiones. El Estado se comprometía a mantener al clero, en pago a las expropiaciones que había sufrido con las desamortizaciones.
En 1837, fuera de la Constitución, que no determinaba el tipo de sufragio, se aprobó una ley electoral que estableció el voto censitario masculino. Tenían derecho de voto los mayores contribuyentes y las personalidades “capacitadas”, mayores de 25 años (2.5% de la población)
Una vez aprobada la Constitución, las elecciones (1837) fueron ganadas por los moderados, que restringieron la Ley electoral, limitaron la libertad de imprenta y controlaron los alcaldes de las capitales de provincias a través de la Ley de Ayuntamientos. Esto acabó provocando nuevas insurrecciones, formándose Juntas Revolucionarias que pedían el poder para los progresistas. María Cristina dimitió y Espartero, vencedor de las Guerras Carlistas, se convirtió en el nuevo regente.

-Regencia de Espartero (40-43)
Aunque al principio impulsó las libertades (prensa, asociaciones...), ejerció el poder de manera autoritaria, sin contar con las Cortes, por lo que fue perdiendo apoyos dentro del bando progresista. Continuó con las desamortizaciones, y en 1842 aprobó medidas librecambistas que permitían apertura del mercado español a los tejidos ingleses, por lo que los productores barceloneses se levantaron, contando con el apoyo popular. Ante esto Espartero bombardeo la ciudad.
Una serie de conspiraciones moderadas, encabezadas por los generales Narváez y O'Donnell hicieron que Espartero abandonara la regencia en 1843 y que se proclamara la mayoría de edad de la reina Isabel II para no nombrar otra regencia.

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)
Tras acceder al trono Isabel II mostró desde un principio su preferencia por los moderados, dejando fuera del juego político al partido progresista, que sufrió además una dura represión. Se abría  un largo período de predominio moderado. Los progresistas optaron o por el retraimiento, negándose a participar en unas consultas electorales claramente amañadas, o por la preparación de pronunciamientos apoyados por insurrecciones populares.
En mayo de 1844 se formó un gabinete presidido por el General Narváez, la gran figura de los moderados. Estas fueron las principales medidas que se adoptaron durante la siguiente década:
  • Creación en 1844 de la Guardia Civil, fuerza policial armada encargada de aplicar la ley y orden esencialmente en el medio rural. Como medida complementaria se suprimió la Milicia Nacional.
  • La Constitución de 1845
    • De carácter moderado, se diferencia de la de 1837 en una serie de aspectos esenciales:
    • Soberanía compartida del Rey y las Cortes. Esto se concreta en un poder legislativo compartido por ambas instituciones y en una clara preeminencia de la Corona en el proceso político.
    • Confesionalidad del Estado: “La religión de la nación española es la religión católica”.
    • Recorte de los derechos y libertades individuales, especialmente la libertad de expresión, y supresión de la Milicia Nacional.
  • Ley de Ayuntamientos de 1845, que reforzaba el centralismo reservando al rey y al gobernador civil el nombramiento de los alcaldes, aunque se mantuvieron los ayuntamientos forales de País Vasco y Navarra.
  • Reforma del sistema fiscal de 1845, elaborada por Alejandro Mon. Se estableció una contribución directa a la propiedad y un impopular impuesto indirecto: los consumos.
  • Servicio militar obligatorio mediante el sistema de quintas, por sorteo y evitable por medio de un pago (ya existía en la Constitución anterior).
  • Racionalización de la Administración: unificación legislativa (Código Penal, Código Civil) y regulación del acceso al cuerpo de funcionarios.
  • Ley Electoral de 1846 que configura un verdadero régimen oligárquico, ya que se estableció un sufragio muy restringido  (limitó el cuerpo electoral a 97.000 varones mayores de más de 25 años, lo que suponía el 0.8% del total de la población).
  • Concordato de 1851. Acuerdo con la Santa Sede por el que el Papa reconoció an Isabel II como reina y aceptó la pérdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio el estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia y a entregarle el control de la enseñanza y a encargarle labores de censura.
  • Creación de un sistema nacional de educación pública, con unos planes de estudio regulados.
  • Realización de infraestructuras (carreteras, puertos…) y adopción del sistema métrico decimal.
La vida política no se decidía en las Cortes, sino en la “camarilla” que rodeaba a la reina. Los moderados se encontraron graves problemas, como un nuevo levantamiento carlista en Cataluña en apoyo del nuevo candidato a la corona Carlos VI (Guerra des Matiners 1846-49), y el descontento de amplias capas sociales y de los progresistas, que no participaban de la vida política y actuaban a través de protestas y motines. El autoritarismo se iba agudizando en la última etapa moderada, con Bravo Murillo, lo que unido a la corrupción llevó a un nuevo movimiento revolucionario en 1854.

EL BIENIO PROGRESISTA (54-56)
Iniciado por el general O'Donnell en Vicálvaro, el pronunciamiento militar se radicalizó tras la publicación por los rebeldes del denominado Manifiesto de Manzanares (ver texto), que demandaba el cumplimiento de la Constitución, la reforma de la Ley electoral, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia. El levantamiento fue organizado por progresistas, demócratas, republicanos y sectores descontentos de los moderados. Esto hizo que consiguiera un amplio respaldo popular y animó a otros generales a unirse a la rebelión. Finalmente el golpe triunfó y propició la formación de un gobierno presidido por el progresista Espartero.
La otra gran figura del gobierno, el general O'Donnell creó un nuevo partido, la Unión Liberal, que trató de cubrir un espacio de centro entre moderados y progresistas, aunque gobernó junto a estos en el inicio del bienio.
Durante este corto período destacaron las siguientes medidas:
  • La desamortización general de Madoz en 1855 que culminó el proceso desamortizador, con los bienes de los municipios además de los del clero. Pretendía obtener recursos para la Hacienda y financiar el ferrocarril.
  • Unas nuevas Cortes Constituyentes iniciaron la elaboración de una nueva constitución más progresista que no llegó a aplicarse.
  • Ley municipal que permitía la elección de los alcaldes
  • Se adoptaron medidas para propiciar la modernización económica del país como la Ley de Ferrocarriles de 1855, que subvencionaba su construcción y facilitaba la importación de los materiales necesarios; creación de carreteras, telégrafo, fomento de la banca y sociedades por acciones, impulso a la minería…
  • Proyecto de Ley del Trabajo, introducía mejoras laborales y permitía las asociaciones obreras.
El malestar ante la crisis de subsistencia, junto con las leyes que ampliaban los derechos y libertades, fomentaron el movimiento obrero y las huelgas, atemorizando a los conservadores. La agitación social (primera huelga general en 1855, levantamientos campesinos) creciente provocó la ruptura entre Espartero y O'Donnell, que lo sustituyó en el gobierno con el apoyo de la reina, y que acalló las protestas mediante un golpe militar en julio de 1856.

LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA ISABELINO (56-68)
-Los gobiernos moderado (1856-1858) y unionista (1858-1863)
La desconfianza de la reina hacia la Unión Liberal puso pronto en el poder de nuevo a los moderados dirigidos por Narváez, que inició un proceso de revisión de la labor del bienio, eliminando libertades y desamortizaciones. Destaca la creación de la Ley de Instrucción pública o Ley Moyano (1857), que reformó la educación pública para eliminar el alto grado de analfabetismo. El gobierno estuvo marcado por la conflictividad social y la corrupción. Finalmente, por cuestiones personales, la reina destituyó a Narváez y volvió a llamar a gobierno a O'Donnell (1858). Durante está etapa destaca la estabilidad política y económica,  con una liberalización de la política: autonomía de ayuntamientos, libertad de prensa, desamortización civil... y un intento de revitalizar la vida parlamentaria permitiendo la participación de la oposición. Se realizaron también expediciones de prestigio en el exterior: expedición a Indochina (1858-63), guerra de Marruecos (1859-1860), en la que se ampliaron los territorios españoles de Ceuta y se ocupó Ifni; intento fallido de recuperar Santo Domingo, expedición a México (1862)... La desconfíanza de la reina en los últimos gobiernos unionistas y la inestabilidad de estos hicieron que esta volviera a poner en el gobierno a Narváez.

-La vuelta de los moderados (1863-1868)
La vuelta de Narváez al poder en 1863 marca el inicio del período terminal del partido moderado. La inestabilidad política y la deriva autoritaria de los gobiernos caracterizaron una etapa en la que la bonanza económica llegó a su fin tras la  crisis económica, que vendría acompañada de una crisis de subsistencias en 1866 que empeoró las condiciones de vida.
Los progresistas, demócratas y republicanos se veían excluidos y se decidieron por las protestas, como las estudiantiles de la noche de San Daniel (1865), y la insurrección, como ocurrió durante el motín de San Gil en Madrid en 1866, duramente reprimido. El creciente autoritarismo del anciano Narváez, que cerró las cortes, llevó a la formación del Pacto de Ostende: unionistas, progresistas y demócratas se aliaron con el objetivo de derribar a Isabel II y al régimen moderado. Los demócratas habían surgido como escisión de los progresistas, partidarios de la soberanía popular, el sufragio universal, la ampliación de libertades y derechos y la implicación de la Administración en las tareas sociales. Ante el grave desprestigio de la monarquía, derivaron hacia el republicanismo.
La revolución “Gloriosa” que se fraguó en 1868 pondrá fin a este régimen y a la monarquía isabelina, y dará lugar al primer periodo democrático de la historia de España: el Sexenio Democrático.

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